Preguntas Frecuentes Política Nacional de Competitividad

¿Qué es la estrategia 11-11-9?

La Política Nacional de Competitividad (2018-2032) cuenta con tres lineamientos estratégicos. a) Clústers; b) Prioridades en materia de competitividad; y c) Territorialización. Por lo tanto, los lineamientos 11-11-9 consisten en 11 clústers, 11 prioridades en materia de competitividad y 9 territorios (ver figura 4). Dichos lineamientos buscan mejorar la competitividad para incrementar la productividad nacional, y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible.

A través de los 3 lineamientos, se busca contribuir al mejoramiento del desempeño de los clústers productivos con mayor potencial de generación de empleos formales y productivos, para incluir a más guatemaltecos en la fuerza laboral (11 clústers); mediante la mejora de las condiciones de competitividad priorizadas a nivel nacional y local (11 prioridades), en nueve territorios aptos para el desarrollo, para consolidarse como Ciudades Intermedias, las cuales optimizarían la cobertura de servicios básicos, proporcionarían una respuesta a la dinámica económica, política y social entre lo urbano y lo rural y garantizarían el movimiento de personas, mercancías, capitales y conocimiento. Todo lo anterior, con la finalidad de que el crecimiento económico contribuya a mejorar la recaudación fiscal y con ello lograr mejorar la atención a la agenda social y así contribuir en la mejora de condiciones de vida de todos y todas en el país.

¿Qué son los clústers?

Un clúster, hace referencia a una vinculación sectorial orientada a la generación de valor en el contexto de una cadena de producción mucho más amplia que la del sector.  Es decir, «es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivas» (Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa , 2015). Así enfocados, los clústers permiten potenciar las dinámicas productivas y económicas generadas desde el territorio.  Esto posibilita la consideración de las características sociales y productivas diferenciadas de los clústers, fomentando un desarrollo económico inclusivo. La economía que se da entre aglomeraciones de personas con mejores capacidades productivas y adquisitivas promueve el incremento de la productividad, permiten la generación de escala y la eficiencia operativa, a la vez que estimulan la innovación y facilitan la comercialización, la formación de nuevos negocios y la resiliencia. Para ello será fundamental contar con el trabajo de las cooperativas, como mecanismos de generación de cadenas productivas y entidades productivo-sociales en la consolidación de los clústers.

¿Por qué 11?

La clasificación de los clústers a nivel nacional, parte de la premisa de que la generación de empleos formales está ligada a la agregación de valor durante cada eslabón de la cadena productiva. En la Agenda Nacional de Competitividad (2005-2015), en el año 2012, se realizó la “Compilación de Análisis Sectoriales para Guatemala”, análisis de 25 sectores productivos en Guatemala, elaborado por Dalberg Global Development Advisors(“Mejoremos Guate”, 2012), que identificó 25 clústers productivos que comprenden alrededor del 85% de la producción nacional y el 75% de la creación de empleos asociada al crecimiento de las exportaciones (ver figura 5).

Dicha compilación, incluía las estimaciones individuales por clúster sobre su potencialidad futura de generación de empleo. De estos se priorizaron los 11 clústers que se mostraban como los que mayor potencial, en datos, tienen de generar empleos formales y productivos nuevos, lo cual tendrá un mayor impacto, dado el multiplicador de consumo de las personas (ver figura 6) y con ello lograr la incorporación de todos los guatemaltecos a un crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible.

¿Cuáles son las prioridades?

La creación de empleos formales y productivos, implica que los distintos sectores productivos superen brechas que restringen la competitividad. En un ejercicio de priorización, aplicando el principio de optimización de Pareto, que establece que el 20% de una acción producirá el 80% de los efectos, se identificó que el mayor impacto se podría obtener trabajando en 11 prioridades (45% del problema) para afectar positivamente a 11 clústers (82% del empleo potencial adicional). Abordar de manera estratégica dichos temas en materia de competitividad, permite incidir directamente en la actividad productiva de los clústers, que podrían generar empleos más allá de la capacidad actual con la que cuenta el país.

Con base en el mapa conceptual 5 y tomando como referencia la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (Rodrik 2013), se identificaron los ámbitos de acción para cada uno de los 11 temas priorizados, distribuyéndolos operativamente en dos agendas: Una Agenda Horizontal, que integra 5 “Imperativos estratégicos de país”: Corrupción, sistema de justicia, costos de la violencia, desnutrición crónica y calidad educativa; y una Agenda Vertical, que varía en intensidades, pero cuyo abordaje se da mejor a nivel local y que presenta 6 “Limitantes sectoriales a nivel local”: Burocracia, infraestructura, sostenibilidad del subsector eléctrico, formación técnica, ecosistema para emprendedores y atracción de inversiones. Es importante mencionar que ambas agendas están alineadas al marco conceptual de competitividad y pueden ser clasificadas en alguno de sus 12 pilares.

¿Por qué esos territorios?

El Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, considera como Ciudades Intermedias a las ciudades que van desde 10,000 hasta 100,000 habitantes, inclusive regiones metropolitanas que superarán el millón de personas en los próximos 20 años. De acuerdo con la Agenda Urbana (AU) -2016-, las Ciudades Intermedias son conglomerados que funcionan como articulaciones del territorio y, dependiendo de su emplazamiento, tienen la función de intermediar entre otras ciudades y áreas rurales y, hacia lo interno, entre las diferentes dinámicas y actividades que en ellas se desarrollan.

Este Plan y la Agenda Urbana priorizan nueve Ciudades Intermedias. La Política Nacional de Competitividad, por su parte, retoma los territorios propuestos por estos instrumentos y adiciona el potencial productivo vinculado a los clústers priorizados en la misma.  Las nueve Ciudades Intermedias están integradas como a continuación se presenta:

¿Qué son las ciudades intermedias?

Son lugares propicios para el desarrollo. Son centros con cierto grado de especialización de servicios y con zonas de influencia más reducidas con respecto al área metropolitana. Son nodos vinculados mediante redes de infraestructura y facilidad para conectar a otros puntos a nivel local, regional y nacional. Por su escala, regularmente son más homogéneas en cuanto a la diversidad étnica y/o cultural. La población tiene una mayor identidad y vínculo con su historia y evolución. La descentralización, a esta escala, permite una mejor comprensión de la forma y el medio sobre los cuales desarrollar proyectos y realizar acciones más acordes con las necesidades de la población. Finalmente, las Ciudades Intermedias, no tienen los problemas propios del área metropolitana, lo que las convierte en modelos a seguir por su potencial de sostenibilidad, desarrollo social y económico.

¿Qué es el bono demográfico?

• El bono demográfico, la población en edad de trabajar será mayor que la dependiente, esto provocará el incremento en la demanda de empleos.

¿Cuál es la triple transición que va a vivir Guatemala?

• El crecimiento poblacional, se estima que para el 2032 la población total será aproximadamente de entre 22 y 25 millones de personas (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 2014).
• El bono demográfico,
• La transición de lo rural a lo urbano, se estima que el 79% de la población guatemalteca vivirá en áreas urbanas.

¿Qué significa que el crecimiento será acelerado, sostenible e inclusivo?

Crecimiento sostenible: Satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (PNUD, 1992).

Crecimiento acelerado: Se refiere a una tasa de desarrollo más rápida de lo normal. En el caso de la política, consiste en alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto a una tasa no menor del 6% anual.  A muy largo plazo, el crecimiento económico es el aspecto más importante del desempeño económico. Dos factores principales que lo determinan son la eficiencia de la mano de obra, producto de los avances tecnológicos y mejoras en los aspectos sociales y económicos, y las políticas que impulsan la innovación, el fortalecimiento institucional y la inversión, acelerando el crecimiento económico, elevando la intensidad del capital de la economía y creando prosperidad.

Crecimiento inclusivo: Es el crecimiento económico que crea oportunidades para todos los segmentos de la población y distribuye los dividendos del aumento de la prosperidad, tanto en términos monetarios como no monetarios, de manera justa y equitativa en toda la sociedad (Organización para la Cooperación y el Desarollo Económico , s.f.). El crecimiento económico no es sólo la expansión de las economías nacionales, sino también asegurar que llega a las personas más vulnerables. La igualdad de oportunidades y participación de todos en el crecimiento son las auténticas bases del crecimiento inclusivo (Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015).

¿Cómo se va a coordinar la política?

Como primer mecanismo, el Programa Nacional de Competitividad, mediante el desempeño de su rol en la promoción del trabajo interinstitucional, intersectorial, incluyente e intergubernamental, alineará su plan de trabajo anual con los objetivos y acciones planteados en la Política Nacional de Competitividad (2018-2032). Se elaborará un cronograma del proceso de evaluación, en el que se establecerán los tiempos de entrega de los productos esperados. Acción que será indispensable realizar en el corto plazo, dado que las acciones realizadas en esa primera fase, serán la base para el desarrollo de las acciones en mediano y largo plazo. No obstante, esta dinámica deberá llevarse a cabo en todo el proceso de implementación, hasta que venza el plazo de cumplimiento de la Política Nacional de Competitividad.

Para el logro de cada línea estratégica, es requerido trabajar con un enfoque territorial y de coordinación con los gobiernos locales, para lograr la escala necesaria y mejorar la competitividad del país. Los gobiernos locales (en todos los niveles), serán los responsables directos de promover las condiciones de alianzas y acuerdos intersectoriales para mejorar la competitividad local. El PRONACOM apoyará también a otras entidades regionales en la asistencia y el seguimiento y a identificar lecciones que puedan replicarse en cada gestión local.

Un elemento clave para la implementación exitosa de la política, es el trabajo en equipo, desde todas las entidades del sector público hacia un mismo objetivo; para coordinar y alinear así, las acciones que promuevan la competitividad a nivel nacional, de acuerdo a sus competencias y atribuciones específicas. En los planes específicos de la política, se deberán delimitar y establecer las responsabilidades de cada entidad y los resultados esperados de acuerdo a las líneas base establecidas en el marco lógico, además del cronograma con las fechas en las que se ha planificado alcanzar los resultados previstos.

Dada la importancia de evaluar que las acciones implementadas estén alcanzando los resultados esperados, con base en los años de corte establecidos en la Política de Competitividad {corto plazo (2021), verificando el objetivo de lograr un 5.1% de PIB con el Bicentenario de la Independencia, mediano plazo (2026), con objetivo de un 5.6% de PIB con el 30 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz y largo plazo (2032), superando el 6% (en promedio) de PIB,  en el cumplimiento del primer K’atun del nuevo Baktún},  se llevarán a cabo evaluaciones anuales por parte de los principales actores involucrados en la implementación de la política (PRONACOM, Ministerios del Gobierno, Gabinete Económico y sector privado), para determinar si, en el tiempo transcurrido y con las acciones realizadas, se están alcanzando los resultados o si es necesario replantear las acciones para garantizar el cumplimiento.

Con el propósito de vincular los objetivos generales y los lineamientos estratégicos de la Política Nacional de Competitividad con las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los resultados esperados; se desarrollaron 3 matrices indicativas y flexibles, para poder incorporar la información pública y privada.  Las que integran los elementos siguientes:

• 12 Pilares de competitividad, pilares de sostenibilidad ambiental y social.
• 11 Clústers.
• 11 Prioridades.
• 9 Ciudades Intermedias y, por ser una política de incidencia nacional, se agregan:
  • Área Metropolitana de Guatemala
  • Guatemala país.

¿Qué instituciones están involucradas?

¿Hay indicadores?

Sí, se utilizará como línea base los indicadores de los 12 pilares del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

¿Cómo se vincula con el Plan de la Alianza para la Prosperidad?

El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte –PAPTN-, surge de la preocupación de los Estados Unidos de América por el incremento en los índices de migración de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Principalmente, por el fenómeno de la migración de niños no acompañados con destino a dicho país. Este flujo constante y creciente de migrantes, además de significar una pérdida importante de capital humano, supone una mayor manifestación de problemas relacionados con todo tipo de violencia, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, desintegración familiar, entre otros. Busca llevar la inversión del Estado hacia las comunidades rurales que, en mayor medida, generan condiciones de migración en el país al presentar los mayores índices de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, aguda y crónica, desempleo, mortalidad materna e infantil, etc., y que tienen, por lo mismo, una vocación altamente migrante.

De tal manera que, los ejes de trabajo establecidos para el desarrollo del Plan Alianza en Guatemala, contribuyen con los lineamientos de Desarrollo del Capital Humano, Dinamización Productiva, Mejora al acceso de Seguridad y Justicia y el fortalecimiento institucional  y de los ejes establecidos en la Política Nacional de Competitividad, en cuanto a mejorar sus capacidades productivas (Lineamientos 1: Sectores/clústers), la mejora de condiciones para la población en su conjunto (Lineamiento 2: Prioridades) y al tratamiento para la ubicación geográfica (Lineamiento 3: Territorialización).

Coincidencias:

• Tanto el Plan Alianza como la Política de Competitividad, refuerzan la necesidad de asegurar las inversiones necesarias en infraestructura, con el objetivo de facilitar un mayor crecimiento económico del país.
• La necesidad de garantizar a las personas el acceso a los servicios integrales de calidad, en salud y educación, servicios básicos, habitabilidad segura, acceso a alimentos, etc., mediante intervenciones provenientes de la institucionalidad pública, con el objetivo de reducir las brechas de inequidad.
• En el área rural, se confirma la necesidad de establecer un modelo de gestión territorial, que articule los territorios rurales con las áreas de producción, mercados y centros poblados. El lineamiento estratégico de territorialidad fomenta el acercamiento de las poblaciones rurales al desarrollo urbano y permite proporcionar respuestas adecuadas a las necesidades propias, para así potenciar la actividad productiva de los clústeres identificados localmente.

En tal sentido, estas coincidencias, con los lineamientos estratégicos de la Política Nacional de Competitividad, son abordados por la estrategia de implementación del Plan Alianza para la Prosperidad en Guatemala.

Para la ejecución del PAPTN, se ha definido un sistema de monitoreo de implementación, que delimita todas aquellas acciones a realizar por cada una de las entidades involucradas, con el etiquetado presupuestario correspondiente, para dar cumplimiento a su ejecución.  Sistema que buscará replicarse en la implementación de la Política de Competitividad.

¿Qué va a pasar con PRONACOM cuando finalice la ejecución de su préstamo? ¿Cómo se garantizará la continuidad de la Política?

El PRONACOM ha sido un ente promotor y facilitador de los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre el sector público, privado, sociedad civil y academia, con miras a incrementar la competitividad y mejorar los niveles de productividad de la economía del país.

Dada la importancia y complejidad de la competitividad planteada en esta política, es imprescindible garantizar la continuidad de las acciones, independientemente de los actores políticos, económicos, públicos y privados; haciéndose necesario que la institución encargada de tales procesos sea el Ministerio de Economía, a través del Programa Nacional de Competitividad, o la entidad con presupuesto propio; cuyas funciones consistirían en institucionalizar la coordinación planificación, ejecución y evaluación; así como ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la institucionalidad del país en temas relacionados a la productividad y competitividad, que permitan potencializar el progreso humano y el desarrollo social, además de actuar como contraparte nacional en relación a las entidades operadoras de los Convenios Bilaterales y Multilaterales de la materia. Asimismo, ser el responsable de coordinar y ejecutar las políticas públicas y programas encaminados a mejorar la competitividad del país e, igualmente, asumir todas las competencias para ser garante del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de esta política.

Para garantizar la continuidad estas acciones, es necesario fortalecer el trabajo que realiza el Programa Nacional de Competitividad, para el efecto se está realizando un proyecto de iniciativa de Ley que será presentado al Congreso de la República de Guatemala y que pretende crear PROGUATEMALA, como una entidad semiautónoma con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, que tendrá a su cargo la coordinación, planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas proyectos y actividades encaminadas a la promoción comercial, competitividad, productividad e inversión. Dicha entidad contará con los recursos necesarios para llevar a cabo la coordinación de las acciones descritas en la Política Nacional de Competitividad, pues tendrá la libertad de acción que le permite la ley y la normativa interna que será creada para el efecto.