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La Ley de Participación Pública Privada, o Ley P3, es una iniciativa propuesta por el PRONACOM al Congreso de la República, que pretende por desarrollar un marco regulador que establezca reglas claras para esa interacción positiva que permita al Estado incorporar nuevas formas de gestión pública que incrementen de manera significativa la inversión en infraestructura en el país y la calidad de los servicios públicos, en un marco de transparencia y competitividad; promover la competitividad y productividad de los sectores dinámicos para impulsar el crecimiento del país; y liberar recursos públicos para la inversión social.
Entre los Principios Básicos que sustentan el Marco Jurídico de Participación Público Privada están:
- Asignación más eficiente de recursos, realizando proyectos por PPP que sean costo eficientes.
- Énfasis en contratos que contengan niveles de servicio comprometidos y fácilmente fiscalizables.
- Generación de incentivos que limiten la posibilidad de que los contratos de PPP se modifiquen o amplíen sin competencia.
- Otorgamiento de estabilidad y seguridad jurídica a los contratos.
- Establecimiento de capacidad efectiva de hacer cumplir los contratos con el fin de cautelar los derechos de los usuarios.
- Generación de mecanismos de resolución de controversias eficaces para las dos partes involucradas, inclusive posibilitando jurisdicción de Organismos Multilaterales que ofrecen seguros de inversión, de manera voluntaria, para contratos sobre ciertos montos.
Como plan inicial algunos de los proyectos que pueden incluirse están los puertos, aeropuertos, autopistas y otros proyectos municipales o proyectos propios de leyes sectoriales que así lo autoricen pueden someterse a mecanismos de esta ley.
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Agenda Nacional de Competitividad